Por Rolando Herrera
(15-Ene-2011).-
MÉXICO.- La intención de someter a juicio político a los tres jueces que absolvieron a Sergio Barraza del delito de homicidio en Chihuahua, es una invasión de poderes del ámbito legislativo al judicial y viola el principio de independencia de los impartidores de justicia, advirtieron ayer especialistas.
Rodolfo Félix Cárdenas, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, aseguró que el poder Legislativo no puede revisar una sentencia que fue emitida por el poder judicial sin violentar la Constitución, que establece la separación de las competencias de cada uno de ellos.
"Este caso no se trata de un caso más de un homicidio, sino que tiene una mayor envergadura y mayor trascendencia. Es un ataque al sistema, es un problema que enfrenta a los poderes del estado. Es un tema que tiene que ver con la democracia, en la que no se puede entrometer un poder con otro", aseguró.
Además, añadió, existe una tesis jurisprudencial emitida en el 2004 por la Suprema Corte de Justicia en la que se establece claramente que las consideraciones jurídica emitidas en una resolución judicial no pueden ser materia de juicio político, como pretende la mayoría de legisladores del Congreso de Chihuahua.
"En estos términos no es procedente, absolutamente no es procedente, que a los jueces de Chihuahua que dictaron esta sentencia, se les quiera instruir un juicio político y menos que derivado de un juicio político haya consecuencia en contra de los mismos", aseveró el especialista.
El martes, el Congreso de Chihuahua aprobó la admisión de un juicio político contra los jueces Catalina Ochoa, Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, integrantes del tribunal oral que en abril del año pasado absolvieron a Barraza del asesinato de Rubí Freyre, su pareja sentimental, ocurrido en agosto del 2008.
La resolución de los jueces fue impugnada y un tribual de segunda instancia determinó que Barraza sí era responsable y lo condenó a 50 años; sin embargo, el inculpado está prófugo.
El 16 de diciembre, la madre de Rubí, Marisela Escobedo, fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde mantenía un plantón para demandar la captura del homicida de su hija.
El abogado Raúl Cárdenas indicó que el criterio judicial no puede ser revisado por los legisladores, pues es parte de la función constitucional que tienen conferida y la cual no puede ser valorada fuera del ámbito jurisdiccional, que es el que prevé los mecanismo de revisión de las resoluciones que dictan jueces y tribunales.
"Para mí se está violando la independencia del poder Judicial, porque ahora es el poder Legislativo el que pretende cuestionar las decisiones de los jueces.
"Un elemento fundamental de la función jurisdiccional es la independencia de criterio. Si a los jueces les comprueban que para dictar esa resolución ellos cometieron un acto indebido por haber recibido presión o dinero, bueno, deben de ser castigados los delitos que hayan cometido, pero por el hecho de expresar un criterio en un procedimiento judicial, pues yo no veo por qué se les deba de fincar una responsabilidad", explicó.
Samuel González, quien fue titular de la ex tinta Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) aseguró que los jueces que liberaron a Barraza sí deben ser sometidos a juicio político porque en su resolución no tomaron en cuentan el caudal probatorio que les fue exhibido durante el juicio.
"No es un asunto de criterio, como lo están diciendo, es un asunto de ignorancia de la ley como lo estoy demostrando, en contra de todo lo que ellos mismos están reconociendo", aseguró el abogado.
(15-Ene-2011).-
MÉXICO.- La intención de someter a juicio político a los tres jueces que absolvieron a Sergio Barraza del delito de homicidio en Chihuahua, es una invasión de poderes del ámbito legislativo al judicial y viola el principio de independencia de los impartidores de justicia, advirtieron ayer especialistas.
Rodolfo Félix Cárdenas, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, aseguró que el poder Legislativo no puede revisar una sentencia que fue emitida por el poder judicial sin violentar la Constitución, que establece la separación de las competencias de cada uno de ellos.
"Este caso no se trata de un caso más de un homicidio, sino que tiene una mayor envergadura y mayor trascendencia. Es un ataque al sistema, es un problema que enfrenta a los poderes del estado. Es un tema que tiene que ver con la democracia, en la que no se puede entrometer un poder con otro", aseguró.
Además, añadió, existe una tesis jurisprudencial emitida en el 2004 por la Suprema Corte de Justicia en la que se establece claramente que las consideraciones jurídica emitidas en una resolución judicial no pueden ser materia de juicio político, como pretende la mayoría de legisladores del Congreso de Chihuahua.
"En estos términos no es procedente, absolutamente no es procedente, que a los jueces de Chihuahua que dictaron esta sentencia, se les quiera instruir un juicio político y menos que derivado de un juicio político haya consecuencia en contra de los mismos", aseveró el especialista.
El martes, el Congreso de Chihuahua aprobó la admisión de un juicio político contra los jueces Catalina Ochoa, Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, integrantes del tribunal oral que en abril del año pasado absolvieron a Barraza del asesinato de Rubí Freyre, su pareja sentimental, ocurrido en agosto del 2008.
La resolución de los jueces fue impugnada y un tribual de segunda instancia determinó que Barraza sí era responsable y lo condenó a 50 años; sin embargo, el inculpado está prófugo.
El 16 de diciembre, la madre de Rubí, Marisela Escobedo, fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde mantenía un plantón para demandar la captura del homicida de su hija.
El abogado Raúl Cárdenas indicó que el criterio judicial no puede ser revisado por los legisladores, pues es parte de la función constitucional que tienen conferida y la cual no puede ser valorada fuera del ámbito jurisdiccional, que es el que prevé los mecanismo de revisión de las resoluciones que dictan jueces y tribunales.
"Para mí se está violando la independencia del poder Judicial, porque ahora es el poder Legislativo el que pretende cuestionar las decisiones de los jueces.
"Un elemento fundamental de la función jurisdiccional es la independencia de criterio. Si a los jueces les comprueban que para dictar esa resolución ellos cometieron un acto indebido por haber recibido presión o dinero, bueno, deben de ser castigados los delitos que hayan cometido, pero por el hecho de expresar un criterio en un procedimiento judicial, pues yo no veo por qué se les deba de fincar una responsabilidad", explicó.
Samuel González, quien fue titular de la ex tinta Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) aseguró que los jueces que liberaron a Barraza sí deben ser sometidos a juicio político porque en su resolución no tomaron en cuentan el caudal probatorio que les fue exhibido durante el juicio.
"No es un asunto de criterio, como lo están diciendo, es un asunto de ignorancia de la ley como lo estoy demostrando, en contra de todo lo que ellos mismos están reconociendo", aseguró el abogado.
ANÁLISIS
DATOS DE LA NOTICIA
Autor: Rolando Herrera
Periódico: El Norte
Título: "Ven en Chihuahua invasión de poderes"
Lugar y Fecha: (Chihuahua) México, enero 15 de 2011.
Sección: Nacional
Sitio: Herrera, Rolando. "Ven en Chihuahua invasión de poderes" Elnorte.com. Nacional. Enero 15 de 2011. Consultado en enero 26 de 2011. http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documentos/DocumentoImpresa.aspx
Se trata de una noticia objetiva que se limita a relatar los hechos ocurridos en torno a la invasión de poderes en Chihuahua y que, además, sólo reproduce las opiniones de algunos involucrados.
La noticia podría considerarse un juicio crítico debido a la correcta argumentación que presenta, pues menciona a la Constitución y una tesis jurisprudencial, además de que presenta las posturas de ambas partes, contrastándolas.
El texto de Rolando Herrera no está sesgado debido a la objetividad ya mencionada, puesto que no se inclina hacia ninguna de las partes relacionadas, aunque sí indica lo que es correcto y lo que no.
La postura del autor busca informar lo sucedido, sin embargo tiene cierto tono de crítica hacia la intromisión del poder legislativo en el poder judicial.
El contexto de la noticia o sus antecedentes son los siguientes: Sergio Barraza fue inculpado de haber asesinado a su esposa y los jueces Catalina Ochoa, Nezahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudib, lo absolvieron. Luego de esto, el poder legislativo busca someter a juicio político a estas tres personas, lo que es considerado una falta al "principio de independencia de los impartidores de justicia".
El principal tema con el que se relaciona esta noticia es la división de poderes, ya que se mencionan el legislativo y el judicial y se resaltan algunas de sus tareas y limitaciones. Se presenta también la independencia de ambos y se hace mención de la Constitución, en cuyo título 3 se hacen especificaciones de ambos poderes. La Suprema Corte de Justicia también es referida y se dice que es la que "establece claramente que las consideraciones jurídicas emitidas en una resolución judicial no pueden ser materia de juicio político".
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